La violencia doméstica es un tema que, lamentablemente, sigue presente en nuestra sociedad y Emiratos no es la excepción. A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas para erradicar este fenómeno, las cifras continúan siendo alarmantes. El dolor ocasionado no solo afecta a la víctima, sino que se extiende a familias enteras y comunidades, dejando cicatrices profundas y duraderas. En este contexto, resulta crucial informar sobre las reformas legales que abordarán de manera efectiva este grave problema.
Con la aprobación del Decreto-Ley Federal Nº 13 de 2024, emitido el 10 de septiembre, se han establecido medidas más estrictas que buscan proteger a las víctimas de violencia doméstica en España. Este conjunto de leyes no solo endurece las penas para los agresores, por lo que también proporciona un marco legal robusto para la defensa y protección de las víctimas. En este artículo, examinaremos en detalle los aspectos más relevantes de esta legislación y cómo impactarán en la lucha contra la violencia doméstica.
NUEVAS PENAS Y SANCIONES PARA LOS AGRESORES
La reciente ley impone sanciones severas para quienes cometan actos de violencia doméstica. Concretamente, establece que cualquier persona que cometa este delito estará sujeta a penas de prisión y/o multas que podrán alcanzar hasta los 50.000 dirhams. Además, quienes no denuncien un caso de abuso se enfrentarán a multas de entre 5.000 y 10.000 dirhams. Así mismo, la misma pena se aplicará a quienes presenten denuncias falsas, lo que busca evitar manipulaciones del sistema legal.
Es importante resaltar que se considerarán agravantes en los delitos de violencia doméstica cuando la víctima sea un padre o madre del autor, una persona mayor de 60 años, una mujer embarazada, un niño, o cualquier individuo con discapacidad. Este enfoque convierte a la legislación en un escudo más eficaz para aquellos que son más vulnerables a la violencia doméstica, reflejando una sensibilidad social creciente hacia estos grupos.
Por último, si se produce violencia doméstica en un plazo de un año desde la comisión de un delito anterior, las penas serán aún más severas. Esto pretende desalentar la reincidencia y crear un entorno donde las víctimas se sientan seguras y protegidas a través de un sistema que les respalda de forma decidida.
ORGANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS
El nuevo marco legal otorga a las víctimas la posibilidad de solicitar órdenes de protección que tendrán una vigencia máxima de 30 días. Esta orden podrá ser prorrogada en dos ocasiones, ofreciendo un apoyo continuo a aquellas que se encuentran en situaciones de peligro inminente.
El incumplimiento de una orden de protección conlleva penalizaciones que incluyen penas de cárcel y multas de hasta 100.000 dirhams si se demuestra que ha habido violencia o coerción. Este aspecto de la ley proporciona una red de seguridad temporal crucial para las víctimas mientras buscan ayuda a largo plazo.
Además, si una persona revela información confidencial o la identidad de la víctima en el contexto laboral, también enfrentará condenas. De este modo, se busca garantizar la privacidad y la integridad emocional de las víctimas, promoviendo un ambiente en el que se sientan seguras para denunciar.
LA DENUNCIA Y LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR INCIDENCIAS
La ley de 2024 establece que cualquier persona con conocimiento de un incidente de violencia doméstica tiene la obligación de reportarlo. Esto incluye a profesionales de diversas áreas, como médicos, educadores y trabajadores sociales, quienes son fundamentales en la identificación y actuación frente a estas situaciones.
La identidad de los denunciantes permanecerá confidencial, salvo que sea necesaria para procedimientos judiciales. Este elemento es esencial para fomentar la denuncia, pues ofrece a los informantes la seguridad necesaria para actuar sin el miedo a represalias.
Una vez que se recibe una denuncia, Emiratos adoptará medidas inmediatas para proteger a la víctima. Esto incluye la posibilidad de internamiento en un albergue o un hogar seguro, así como la recogida de testimonios en un entorno que garantice el apoyo emocional y físico necesario. Esto asegura que las víctimas no solo sean escuchadas, sino que también se les proporcione el bienestar físico y mental que necesitan en esos momentos críticos.
UN CAMBIO EN EL ENFOQUE SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
La ley también enfatiza la importancia de la rehabilitación para los infractores, obligando a la participación en cursos de rehabilitación. Esto se considera un paso esencial para la transformación del comportamiento violento, ayudando a prevenir futuras agresiones.
Se han establecido circuitos judiciales especiales para tramitar de manera más rápida y efectiva los casos de violencia doméstica. Con esta medida, se busca garantizar que los casos se resuelvan con la urgencia que requieren, dada la gravedad de las situaciones implicadas.
Finalmente, la ley amplía la definición de violencia doméstica para incluir formas de abuso financiero y explotación sexual, además del abuso físico y psicológico. Esto refuerza el compromiso de las autoridades para adaptar la legislación a las distintas realidades que pueden experimentar las víctimas de violencia doméstica.
Los cambios en la legislación son un paso significativo hacia una mayor protección y apoyo para las víctimas de violencia doméstica. La esperanza es que, con estas medidas, se logre no solo una mayor justicia, sino también un cambio cultural que elimine la tolerancia hacia la violencia en el hogar. La sociedad debe permanecer atenta, exigir el cumplimiento de estas leyes y, sobre todo, facilitar el entendimiento de que la violencia doméstica es un problema que nos concierne a todos.
